miércoles, 27 de febrero de 2013

FARC: “La realidad es que el pueblo colombiano la está rebatiendo con movilizaciones, paros y protestas, en todo el territorio nacional. . .”


La Habana, Cuba
Sede de los diálogos de paz
Febrero 27 de 2013


Aunque el gobierno Santos pretenda que su política económica no es objeto de discusión en La mesa de La Habana, la realidad es que el pueblo colombiano la está rebatiendo con movilizaciones, paros y protestas, en todo el territorio nacional.

La crisis cafetera tiene su explicación en la desprotección impuesta por la política neoliberal a los campesinos productores de café en un contexto de precios internacionales desfavorables y de una sostenida sobrevaluación del peso frente al dólar. Las consecuencias saltan a la vista: una caída abrupta de la producción nacional, un aumento de las importaciones de Perú y Ecuador para cubrir la demanda interna y responder por la cuota cafetera de exportación y, sobre todo, un progresivo deterioro del ingreso y el trabajo de los caficultores, en su gran mayoría pequeños y medianos productores.

En su discurso de posesión como presidente, Juan Manuel Santos, prometió convertir a cada campesino colombiano en un próspero y sonriente Juan Valdez, con su mula y su carga de café, como el de la estampa publicitaria de la poderosa Federación Nacional de Cafeteros.

¿Pero dónde está ese Juan Valdés de los cuentos de hadas? Está siendo perseguido por las balas y gases lacrimógenos de los escuadrones represivos del ESMAD en pueblos y carreteras del país, donde miles de caficultores protestan contra el abandono del sector. Desde La Habana nuestra solidaridad con la lucha de los campesinos, por sus muertos, decenas de heridos y encarcelados.

El gobierno dice que no negociará con revoltosos, y el Ministro de Agricultura justifica la represión brutal aduciendo con falsedad que “las FARC están involucradas, están atizando, se están incorporando y están mandando consignas para exacerbar los ánimos”.

En la mesa de La Habana hemos propuesto que “la pequeña y mediana propiedad cafeteras sean objeto de medidas inmediatas de protección, tales como subsidios, compensaciones y salvaguardas extraordinarias, tendientes a la superación de la crisis estructural del sector”. Hoy reiteramos esa demanda. Es urgente fortalecer la producción cafetera nacional.

Por otra parte, continúa la huelga de trabajadores contra la multinacional Carbones del Cerrejón, propiedad de BHP Billiton, Anglo American y Xstrata. Dicha multinacional, que extrae al año más de 32 millones de toneladas de carbón térmico y obtiene por ello jugosas ganancias, gracias a la concesión leonina que le deja pírricas regalías al país y al departamento de la Guajira, además de un desastre ambiental de impresionantes proporciones, se negó a aceptar las justas peticiones de aumento salarial, de beneficios en salud, educación y transporte, de atención a más de 700 trabajadores que han sufrido efectos irreversibles en su salud como consecuencia de su trabajo, y de políticas ambientales, entre ellas, la suspensión definitiva del proyecto aplazado de desvío del Rio Ranchería. El no rotundo de la multinacional recibió su respuesta: la huelga.

Pero no solo protestan los campesinos caficultores y los obreros del Cerrejón. Arauca está en paro cívico demandando Inversión social, política ambiental, ayuda a los indígenas y arreglo de carreteras. Los cacaoteros del Magdalena Medio ante la caída de precios del producto y bajo la consigna no a la minería sobre su territorio, tienen bloqueada la vía Barrancabermeja-Bucaramanga. Los habitantes de Nobsa, Boyacá, están en pie de lucha en las calles exigiendo empleo a las multinacionales. Los vendedores ambulantes protestan en la plaza de Bolívar de Bogotá. Los transportadores anuncian paro contra la multinacional Pacific Rubiales Energy. La Asociación Colombiana de Camioneros anuncia que se unirá a la protesta nacional. Y gran parte de la ciudadanía del país siente que el impuesto predial se está convirtiendo en un atraco.

Las exigencias populares tienen que ser respondidas favorablemente. Esas justas luchas son una expresión de los efectos devastadores que produce el modelo económico neoliberal; representan un llamado a combatirlo y superarlo; merecen toda nuestra solidaridad; y nos alientan en la idea de que la paz se construye con justicia social.

Delegación de paz de las FARC-EP 

María Jimena Duzán de la Revista Semana entrevista al comandante guerrillero Iván Márquez en la Habana

En exclusiva en el número más reciente de la Revista Semana.




“Deseo hacer política de manera abierta y legal”

Por María Jimena Duzán


EN PLATA BLANCAIván Márquez, de las FARC, habla en exclusiva con María Jimena Duzán, de SEMANA.

 
23 febrero 2013
 
MARÍA JIMENA DUZÁN: Dura la carta que le envió Timochenko al presidente Santos. ¿Por qué les molestó tanto que él recordara en El Caguán que ustedes también son despojadores? 

IVÁN MÁRQUEZ: Mire, las cosas van bien y en esa carta que usted menciona el propio Timochenko afirma que se han hecho avances. Hemos construido por lo menos unas dos o más cuartillas de acuerdo y eso es un avance que no se había logrado en anteriores procesos. En Tlaxcala, por ejemplo, la discusión giró en torno a la política económica y de ahí no avanzamos ni un centímetro. Por eso, porque vamos bien, nos molestó que el presidente Santos hubiera ido al Caguán a compararnos con los verdaderos despojadores y que encima de eso no haya hecho mención de los avances que hemos conseguido en La Habana. En esa actitud vemos una maniobra para distraer la atención del país sobre el verdadero problema, que es el latifundio, el primer generador de desigualdad en el campo. ¿Por qué no habló de las hectáreas que entregó en El Caguán Don Berna, ni de las que tiene Víctor Carranza? 

M.J.D.: Pero no puede negar que tienen tierras en El Caguán. Lo invito a que lea un documento elaborado por Luis Jorge Garay, miembro de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Restitución, en la que documenta esa concentración de tierras en manos de las Farc. 

I.M.: Yo no sé cómo hacen para hacer esos informes, porque la mayoría de esas tierras ni siquiera tienen títulos. Y sin estos es muy difícil hablar de despojo. Por eso queremos hacer una comisión con el propósito de estudiar el tema. Estaba leyendo antes de venir aquí una entrevista que se les hace a unos campesinos del Recreo –que es una de las tierras que según el gobierno es expropiada por las Farc– y allí solo había campesinos. El gran temor que tenemos es que con el cuento de que son tierras de las Farc se hagan nuevos despojos. 

M.J.D.: ¿Por qué no les gusta el marco jurídico para la paz, que es la ventana que el gobierno abrió para que puedan reincorporarse a la política? 

I.M.: Porque consideramos que el Congreso no tiene la autoridad moral ni ética –y no estoy hablando de todos los congresistas– para legislar en un asunto tan complicado. Lo que se necesita es una reforma integral al sistema electoral, que es corrupto y tramposo. Aquí votan hasta los muertos.

M.J.D.: Muchos dirán lo contrario. Que los que no tienen autoridad moral para hablar de ética son ustedes. No se le olvide que hay una opinión pública que es adversa a sus prácticas y a sus atropellos. 

I.M.: Si hay atropellos no son intencionales. Cuando nosotros desplegamos alguna actividad militar no lo hacemos contra la población civil sino contra un objetivo militar y a veces lamentablemente resulta afectada la población. 

M.J.D.: ¿No les da temor confrontarse con un país que no los quiere? 

I.M.: Lo que queremos es hablar con ese país. Para nosotros es muy importante que la gente nos quiera. Los campesinos vuelcan todos sus afectos a esta guerrilla porque nos protegen y nos ayudan. Nos suministran información y si no fuera por este apoyo no existiríamos. Hay unas capas medias que están siendo duramente golpeadas por temas como el de la nueva reforma tributaria. No crea que nosotros somos cuadrados. Nosotros tenemos puentes con ese país que usted señala.

M.J.D.: ¿Pero y el bombazo al club El Nogal? 

I.M.: No dispongo de información sobre ese tema. Sé que fue un caso estremecedor. No sé en qué estado se encuentre la investigación pero sí le digo lo siguiente: a nivel del secretariado ese tema nunca se ha discutido. 

M.J.D.: A la luz de las nuevas disposiciones del derecho internacional, para ser beneficiarios de los mecanismos que brinda la Justicia transicional el primer requisito es resarcir a las víctimas. Sin embargo, ustedes insisten en que no son victimarios sino víctimas. ¿Van o no resarcir a sus victimas? 

I.M.: El gobierno nos ha emplazado a que les demos la cara a las víctimas y lo vamos a hacer. Timochenko lo ha dicho en su carta con nitidez. Pero eso sí: queremos que se aborde el tema en toda su dimensión. Queremos que se hable sobre los responsables de la época de la Violencia, de los autores materiales e intelectuales de la masacre de la Unión Patriótica, de cómo va la investigación en torno a los falsos positivos. 

M.J.D.: ¿Y en el caso de las víctimas de las Farc?

I.M.: Hemos dicho que el Estado es el último punto de imputación y que las víctimas son víctimas del conflicto. Pero le quiero decir una cosa más: creo que el Estado colombiano está enredado con el Estatuto de Roma. Dicen que tienen temor de que se vengan demandas si no se cumple con unos requisitos mínimos de Justicia, pero creemos que eso no es así y que por el contrario esos temores infundados se están usando para imponernos a nosotros unos ritmos con el propósito de que salgamos de esto ligero. 

M.J.D.: Usted qué le diría a esas madres de soldados y policías que piden que les den razón de sus hijos. No saben si están secuestrados o con vida. 

I.M.: María Jimena, nosotros ya lo hemos dicho: no tenemos retenidas personas con fines económicos. Hemos dicho que íbamos a abandonar esa práctica y lo hemos cumplido. Tampoco tenemos soldados y policías en nuestro poder. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en un combate se producen muchos momentos que se escapan de nuestro control. Pero para tratar de resolver ese problema estamos dispuestos a integrar comisiones con el Ejército de Colombia, las Farc y la Cruz Roja internacional para ir a donde se produjeron esos combates para ver si logramos una respuesta a esta situación dramática de los desaparecidos. 

M.J.D.: El expresidente Uribe también es una víctima de las Farc que ustedes van a tener que resarcir. Secuestraron a su padre, quien murió en medio del fuego cruzado el día en que lo liberaron. 

I.M.: Las Farc no secuestraron al papá de Uribe. Eso se lo aseguro. 

M.J.D.: No les gusta el marco para la paz pero sí una asamblea constituyente. ¿Por qué insisten en esa propuesta?

I.M.: Creemos que el pueblo tiene más fuerza y legitimidad que el poder constituido. 

M.J.D.: Coinciden ustedes con el uribismo, que también busca una constituyente…

I.M.: Pero es que nosotros queremos la constituyente para refrendar el acuerdo de paz y Uribe la quiere para unos fines egoístas que no solamente tienen que ver con su vuelta al poder, sino con el hecho de que busque blindarse para no tener que responder por todos sus desmanes. 

M.J.D.: Hablando del gobierno del presidente Uribe, ¿ustedes fueron contactados para iniciar diálogos secretos de paz? Se lo pregunto, porque Uribe ha negado estos acercamientos.

I.M.: Sí, cómo no. Nosotros recibimos una carta del gobierno de Uribe en la época en que se nombró a Frank Pearl negociador de paz. En esa carta se nos invitaba a conversaciones secretas. Alfonso (Cano) la puso a consideración del secretariado de las Farc y acordamos dar una respuesta al señor Uribe, pero tuvimos un malentendido y una carta que debió circular de manera confidencial resultó haciéndose pública por cuenta de nosotros. Eso fue al final del mandato de Uribe. 

M.J.D.: ¿Y me puede refrescar la memoria sobre lo que decían en esa carta?

I.M.: En esa carta decíamos que de todas maneras estábamos dispuestos a conversar, aunque hacíamos reparos a la conducta asumida por Uribe durante su mandato. No sé por qué ahora Uribe niega esos acercamientos. ¿Acaso es un delito buscar la paz en Colombia?

M.J.D.: Al otro día de la muerte de Alfonso Cano, las Farc le hacen saber al gobierno que siguen adelante. Debió ser difícil esa decisión. 

I.M.: Tuvimos que hacer de tripas corazón y seguir en el proceso porque Alfonso así lo había exigido. Él decía que esto había que proseguirlo hasta que culminara la paz para Colombia. Fue una decisión difícil. Se trataba del asesinato del comandante que más estaba impulsando la posibilidad de un diálogo de paz con el gobierno de Santos. Alguien dice que uno no puede matar a quien está hablando de paz. Yo digo que si no hubiese ocurrido lo de Alfonso estaríamos en una etapa más avanzada. 

M.J.D.: Usted se sienta todos los días con el general Mora, quien lo debió haber tenido en la mira más de una vez. ¿Qué siente cuando lo ve?

I.M.: Primero un profundo respeto. En Oslo, recuerdo, me dirigí al general Mora diciéndole que Manuel Marulanda Vélez nos había enseñado el respeto por el adversario. Y el general me dijo que casi todas las guerras habían terminado en un acuerdo. Y creo que él tiene razón. 

M.J.D.: ¿Cómo explicarle a un país que si se firma la paz, los guerrilleros podrán hacer política y recorrer las calles, pero los militares que los combatieron terminen pagando penas en las cárceles?

I.M.: Yo prefiero dejarle esos asuntos al Estado. No nos queremos meter en eso. 

M.J.D.: ¿Usted aspira a hacer política en este país?

I.M.: ¡Pero claro...! Ese es mi propósito. Yo fui representante por el Caquetá y me devolví al monte porque me iban a matar. Deseo hacer política de manera abierta y legal. 

M.J.D.: ¿Es la Marcha Patriótica el partido que ustedes están impulsando para poder hacer política si dejan las armas y se reincorporan a la sociedad?

I.M.: Estamos impulsando partidos y movimientos. Uno es el Partido Comunista Clandestino y otro el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, que también es clandestino. En cuanto a la Marcha Patriótica saludamos que por iniciativa popular se esté construyendo un movimiento de esas características. Ojalá logren aliarse con otros sectores sociales y políticos afines para presentar una alternativa política que le cambie el rumbo a este país. 

M.J.D.: Esa foto suya encima de una Harley-Davidson no debió gustar en la guerrilla. 

I.M.: Esa foto fue una mamadera de gallo, porque le cuento que no se manejar moto. Sin embargo, ya dicen que recorro las carreteras de Venezuela y Cuba en una Harley-Davidson. Esa foto fue hecha cuando estuve hablando en Caracas con Chávez. Me han armado un alboroto creyendo que iban a generar descontento al interior de las filas guerrilleras, pero allá saben que Márquez está siempre con su tropa. 

M.J.D.: Finalmente, ustedes tampoco aceptan que están metidos en el narcotráfico. ¿Todas esas historias que los vinculan en alianzas con Los Rastrojos y Los Urabeños es también propaganda mentirosa?

I.M.: Nosotros no tenemos laboratorios de cocaína ni somos la Policía antinarcóticos de nadie. Obviamente muchos no entienden que no reprimamos al campesino cultivador. Actualmente en Colombia se lavan unos 12.000 millones de dólares. Gran parte de ese monto proviene del narcotráfico que los mueve a través de circuitos financieros y eso no genera mayor cuestionamiento moral. Con dineros de narcotráfico se han elegido presidentes desde Turbay Ayala. 

M.J.D.: Dicen que usted es el más duro en la delegación de las Farc y que su dureza se deriva del hecho de que hace rato no está en el frente de batalla, sino que vive cómodamente en Venezuela.

I.M.: Eso no es cierto. Ningún comandante de las Farc está alejado de su tropa. A mí me nombró Timo como jefe de la delegación en La Habana y aquí estoy. Y nuestro deseo es poder llegar a Bogotá en una movilización política con Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Joaquín Gómez, Mauricio Jaramillo y Timochenko. María Jimena, esta posibilidad de paz es muy especial y no la podemos dejar escapar.


Las verdaderas intenciones de Santos



Por Gabriel Ángel
A estas alturas la trama del gobierno de Juan Manuel Santos está suficientemente al descubierto como para ignorar la realidad acerca de sus intenciones de paz. Y vale la pena alertar a la opinión nacional e internacional al respecto. No es cierto que quiera la paz, ni que esté animado por sentimientos de reconciliación, menos que lo muevan a actuar aspiraciones de grandeza. Por el contrario, Santos obra de manera calculada y aleve, a objeto de lograr imponer a la insurgencia colombiana todas las condiciones y decisiones que de antemano ha concebido.
La principal de las cuales es su rendición y sometimiento. Para ello se vale de todas los timos que su especialidad como tahúr le ha enseñado. Aparentar lo que no piensa, hacer creer al contrario lo que no es cierto, barajar con maña, esconder ases bajo la manga y llegado el caso, patear la mesa con furia alegando trampa para enseguida apelar a sus pistolas y eliminar al contrincante. Como digno exponente de la más rancia oligarquía bogotana, Santos siente enorme desprecio por las gentes que considera bajas, y sólo piensa en aplastarlas como alimañas si no le obedecen
Obviamente, los primeros destinatarios de su odio de clase somos los integrantes de la insurgencia armada, y entre ella las FARC-EP. Él, que ha pertenecido siempre a los más altos círculos del poder, ocupando diversos ministerios en los últimos gobiernos, siente mejor que nadie la enorme frustración que significa haber empleado toda la fuerza del Estado, con el más sofisticado apoyo tecnológico militar extranjero y cantidades ingentes de dólares, sin poder doblegar la rebeldía que encarnamos dignamente los alzados. Por eso se decidió a ensayar su propia fórmula.
Que en lo fundamental consiste en unir creativamente todas las anteriores. La seguridad democrática de Uribe, las conversaciones de paz de Pastrana, las exploraciones dubitativas de Samper y hasta los diálogos en el exterior de Gaviria. Hábilmente esquivó la experiencia del doctor Betancur, por considerar que implicaba conceder demasiado protagonismo a sus enemigos. Lo nuevo de su estrategia está en la apelación a las últimas teorías sobre resolución de conflictos, toda esa argucia técnica y jurídica tejida por los expertos de Harvard y ahora tan de moda aquí.
No somos tan ingenuos como para no captar el profundo contenido de clase que se encuentra concentrado los estudios de los académicos a sueldo del imperio, bien sea en los Estados Unidos, Europa o Colombia. Las tres etapas de las conversaciones se hallan traspasadas por una intención inocultable, la de dejar al llamado proceso de paz únicamente el asunto de la desmovilización y entrega de armas, sobre la base de considerar que los demás contenidos teóricos recomendadas por los expertos ya fueron o serán definidos por fuera de la Mesa.
Así que la guerrilla se encontrará con una maraña insalvable de leyes y decretos elaborados de antemano, y que ya se ocuparon, con la exclusiva visión del poder, de los asuntos que debían discutirse en una mesa de conversaciones. La ley de víctimas y restitución de tierras fue producida con el exclusivo propósito de sacar de cualquier futura conversación el tema de los afectados por la violencia imputable al Estado u otros agentes, para que en la Mesa pudiera arrinconarse a la guerrilla con el tema de sus víctimas agigantado por una enorme campaña de prensa.
Igual podría predicarse de la restitución de tierras. Ninguno de los reclamantes inscritos o restituidos va a poder referir su condición en una Mesa de Conversaciones. Sus casos se encuentran en trámite y resultarían impertinentes, independientemente o no de que su situación halle satisfactoria solución. Esa misma pretensión se tuvo con la ley marco para la paz. La Mesa no tenía por qué ocuparse de fórmulas de justicia por cuanto la ley ya las había establecido de antemano. La justicia transicional sería el único marco de discusión admisible.
La misma inspiración animaba el proyecto de ley de tierras y desarrollo rural que terminó enredado por la cuestión de las consultas: presentar en la Mesa una serie de hechos cumplidos que significaban un ligero marco para proponer si acaso algún mínimo retoque. El tema, en todo caso, no tendría desarrollos importantes en las conversaciones por cuanto ya sus principales aristas habían sido fijadas por el legislativo con las limitaciones impuestas por el latifundismo, el capital agroindustrial y los inversionistas externos. En esto patinaron y por eso están tan molestos.
El único aspecto que el gobierno de Juan Manuel Santos desea inscribir en los diálogos de paz es el de los presuntos crímenes de todo orden que imputa a la insurgencia. Es un hecho tan notorio que ni siquiera puede ponerse en duda. Desde su comienzo, el proceso ha estado rodeado de una gigantesca campaña de prensa que atribuye a las FARC la comisión de toda clase de ilícitos de lesa humanidad, de guerra, de desposesiones y atropellos, con la intención de constreñirnos al ciego reconocimiento de ellos, so pena de acusarnos de haber mentido y engañado al país de nuevo.
Santos pretende mostrarse ante el mundo como el hombre que generosamente extendió la mano del perdón. Si la insurgencia lo rechaza, considera que contará con la legitimidad necesaria para insistir en su aniquilamiento. Y si cayera en el juego, contaría con alguna posibilidad de reintegrarse sin banderas a la sociedad de injusticia y violencia que algún día soñó cambiar, descabezada de sus jefes y cuadros que tendrían que pagar condenas y en todo caso estarían impedidos para tomar parte en actividades políticas. Si es que no son extraditados.
Por eso calumnia y difama con la seguridad que le confiere el sentirse completamente impune. Sus discursos se encaminan a engrandecer su obra a causa de nuestra ruina política y moral, olvidando que somos sus adversarios no sólo en el campo de combate sino en una mesa de conversaciones reconocida internacionalmente. Se ampara en la tesis de que no se pactó ninguna tregua, ni siquiera en el discurso. Y amenaza con poner fin al proceso si no se producen avances satisfactorios. Satisfactorios para los de su clase, desde luego, no para los de abajo.
La parafernalia está montada para caernos encima apenas se convenzan de que no vamos a claudicar nuestras razones. Seguimos adelante pese a ello, porque sabemos que millones de colombianos abrumados por la desigualdad, la injusticia y la represión aguardan una esperanza cierta nacida de la paz. Santos los ignora y aborrece por completo, seguro de que nos hallamos solos y sin el menor respaldo en esta brega. En esto se equivoca por completo. Es mucha la gente que nos acompaña y que está dispuesta a demostrarlo. No lograrán asustarnos.




--
Publicado por FRENTEAN para Frente Antonio Nariño FARC-EP el 2/27/2013 06:05:00 a.m.

martes, 26 de febrero de 2013

Las FARC-EP advierten que el gobierno busca pretexto para romper el proceso de paz




Las FARC-EP advierten que el gobierno busca pretexto parea romper el proceso de paz

“Resulta sorprendente oír, que si no hay avances en La Habana, el gobierno se levanta de la mesa, cuando las FARC han presentado más de 40 propuestas para dinamizar el proceso”, dice el Estado Mayor Central de las FARC-EP en un comunicado y agrega;

“Llamamos al pueblo de Colombia a movilizarse en defensa del proceso de paz, a no permitir que se nos arrebate esta esperanza”.





Declaración del Estado Mayor Central de las FARC-EP 


Los avances en la Mesa de diálogo de La Habana, los primeros pasos hacia la construcción del Acuerdo de Paz, no pueden arriesgarse desfigurando la verdad en torno a la responsabilidad histórica de la acumulación violenta de la tierra, como una de las causas del conflicto. La verdad pura y limpia, debe guiar los pasos de Colombia hacia el bien superior de la paz como derecho. Discursos pensados para repuntar en las encuestas, dictados por veleidades electorales, o por el prurito de desprestigiar al interlocutor insurgente, no se corresponden con la majestad de este anhelo nacional.

Si “el medidor sobre los avances o no del proceso de paz, está en Cuba, no en cartas ni declaraciones” como asegura Santos, tampoco está en discursos desafortunados como el de San Vicente. Resulta sorprendente oír que si no hay avances en La Habana el gobierno se levanta de la mesa, cuando las FARC han presentado más de 40 propuestas para dinamizar el proceso.

Frente a esta circunstancia, en sintonía plena con su jefe, el Estado Mayor Central de las FARC-EP, declara: 

1.    De forma mal intencionada y perversa se pretende desviar la atención acerca de las causas ciertas y de los verdaderos responsables del despojo de tierras en cerca de 8 millones de hectáreas, ocurrido en nuestro país en las últimas dos décadas, fruto de la violencia estatal y paramilitar. Como es de amplio conocimiento, tal despojo fue concebido como política de Estado para facilitar la entrega de buena parte del territorio nacional a las transnacionales que hoy explotan, gracias a contratos leoninos, nuestros recursos minero-energéticos, produciendo además severos daños ambientales. 
2.    La ocupación de tierras baldías del Estado por parte de colonos campesinos, sea en forma individual u organizada, es decir, la reforma agraria de facto realizada por campesinos sin tierra a lo largo de varias décadas para reivindicar sus aspiraciones por la tierra y por una vida mejor, quiere ser presentada hoy como una acción criminal y de enriquecimiento por parte de las FARC-EP, distante de toda verdad y realidad. El Estado-victimario y despojador pretende transformarse en el Estado-víctima despojado. 
3.    Tras las afirmaciones señaladas, se encuentra en realidad el pretexto de realizar un nuevo ciclo de despojo, acompañado de la criminalización de campesinos que durante décadas han tenido la posesión sobre esas tierras, declarándolos como testaferros de propiedades, cuyos títulos ni siquiera existen. 
4.    Tal como lo plantea el comandante Timoleón en su misiva al presidente Santos, proponemos la activación de una comisión de alto nivel para que esclarezca la verdad sobre el supuesto despojo de las FARC-EP, integrada por representantes del gobierno nacional, de los campesinos, de las FARC-EP, y de la comunidad internacional, para que de manera inmediata se defina una ruta de trabajo y se presente a la mayor brevedad posible un informe sobre nuestras supuestas propiedades y los presuntos testaferros. Por nuestra parte sugerimos, como veedores internacionales, a la CELAC y al ex presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. 

5.    Dicha Comisión deberá ocuparse también de la investigación y verificación de las múltiples denuncias y testimonios acerca del despojo que compromete a grandes terratenientes, empresarios, funcionarios del Estado y empresas transnacionales. 

6.    Reiteramos frente a la sociedad colombiana nuestro compromiso por no escatimar esfuerzos en la Mesa de diálogos de La Habana para contribuir al anhelado acceso a la tierra que las clases dominantes le han negado a los campesinos sin tierra, a los trabajadores y obreros agrícolas, a los desposeídos de las ciudades y a las mujeres de Colombia.

Esperamos que al gobierno no se le ocurra patear la mesa. Llamamos al pueblo de Colombia a movilizarse en defensa del proceso de paz, a no permitir que se nos arrebate esta esperanza. A nombre de las FARC-EP, nuestro saludo y voz de aliento a las Constituyentes por la Paz que hoy tienen lugar en todo el territorio nacional.

Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, febrero 26 de 2013


sábado, 23 de febrero de 2013

Diez propuestas: Desarrollo rural para la democratización y la Paz con Justicia social de Colombia



Diez propuestas mínimas para un catastro al servicio de la soberanía alimentaria, los desposeídos del campo y las víctimas del desplazamiento forzado y el despojo

En consideración a que el país no cuenta con un sistema de información catastral actualizado, que permita definir con plena certeza la situación de los derechos de propiedad sobre la tierra y sus usos, así como establecer pautas para un ordenamiento territorial y socioambiental sostenible acorde con las aspiraciones de la población colombiana, en general, y sobre todo de los desposeídos del campo, se hacen las siguientes diez propuestas mínimas:

1. Catastro para la reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa

2. Catastro actualizado, multipropósito y participativo

3. Catastro especial de territorios campesinos

4. Catastro especial de territorios interétnicos e interculturales

5. Catastro especial de latifundios y grandes propiedades sobre la tierra

6. Actualización catastral de territorios indígenas y afrodescendientes

7. Catastro alternativo del desplazamiento y el despojo

8. Compatibilidad del sistema de información catastral y con el sistema de registro

9. Actualización catastral y tributación equitativa y progresiva

10. Veeduría internacional y participación de las comunidades rurales

1- Sistema General de Información Catastral integral, multipropósito, actualizado y participativo.

Se pondrá en marcha un programa especial de rediseño y actualización catastral, tendiente a la consolidación del Sistema General de Información Catastral –SIC. Para tal efecto, se conformará una Comisión de expertos integrada por el director del Instituto Agustín Codazzi, IGAC, un representante de las organizaciones campesinas del nivel nacional, un representante de las comunidades indígenas, un representante de las comunidades afrodescendientes, un representante de los gremios del agro, un experto designado por la Universidad Nacional de Colombia y un experto internacional designado por Naciones Unidas. Tal Comisión tendrá la función de producir un informe sobre propósitos, contenidos, metodología, cronograma y recursos para la actualización catastral, en un término no superior a dos meses, atendiendo un principio de recolección y sistematización de la información catastral que conjugue la geoferenciación con la cartografía social. El proceso de actualización catastral no debe tener una duración superior a cinco años y debe contemplar los aspectos técnicos y financieros para una actualización catastral continua y permanente.

2.-Catastro para la reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa

El objetivo fundamental del catastro consiste en constituirse en herramienta política, económica, social y jurídica, con fundamento en parámetros técnicos internacionalmente aceptados, acompañados de la más amplia participación social, para llevar a cabo las transformaciones estructurales que demanda la sociedad rural y agraria de nuestro país, en los términos de la reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa, con enfoque territorial.
De manera particular, el catastro debe convertirse en instrumento para la desconcentración de la tierra, la superación del latifundio improductivo y de las tierras ociosas e inadecuadamente explotadas. También, para la adjudicación y titulación gratuita de tierras a campesinos sin tierra, a comunidades y organizaciones campesinas, a trabajadores y obreros del campo, a pobladores urbanos en condiciones de pobreza, a comunidades indígenas y afrodescendientes.
El catastro debe contribuir a un ordenamiento territorial socioambientalmente sostenible orientado a garantizar la soberanía alimentaria. De igual manera, al fortalecimiento fiscal fruto de los procesos de reavalúo de tierras, atendiendo principios de progresividad y equidad.

3.- Catastro especial de territorios campesinos

Teniendo en cuenta las exigencias de acceso a la tierra, de formalización jurídica y de titulación de tierras de campesinos sin tierra, de trabajadores y obreros del agro, de pobladores urbanos y de comunidades y organizaciones campesinas, y con base en las tierras que conforman el Fondo de Tierras y en las demandas por tierra de las comunidades campesinas, se implementará de manera inmediata el Catastro Especial de Territorios Campesinos. El propósito principal de este catastro consiste en la definición precisa de los territorios campesinos, así como de las relaciones de propiedad dentro ellos, individual, familiar y colectiva, según el caso, incluida su formalización, titulación y registro. Para viabilizar este propósito conformará un Comité Especial integrado por un representante del INCODER, un representante del IGAC, un representante de las comunidades campesinas organizadas, y un representante designado de la Universidad Nacional de Colombia.
En el caso de las Zonas de Reserva Campesinase trata de dar respuesta a las aspiraciones de tierra equivalentes a 9 millones de hectáreas, mediante la formación de un catastro que atienda el siguiente procedimiento básico:

a) Formalización de la iniciativa ante las autoridades correspondientes.

b) Construcción de cartografía social con la participación de las comunidades y organizaciones campesinas directamente involucradas, que incluye la definición del área total de la ZRC, como de los diferentes predios, individuales, familiares y colectivos que la conforman.

c) Contrastación de los resultados de la cartografía social con la cartografía georeferenciada.

d) Identificación de conflictos de propiedad y de uso y ajuste técnico.

e) Formulación de propuesta de definición de área total y de distribución predial.

f) Validación de la propuesta en Asamblea territorial con participación de las comunidades y organizaciones campesinas y sus delegados.

g) Formalización de la propiedad y adjudicación de títulos.

h) Registro de la propiedad.

Las definiciones catastrales se realizarán sin perjuicio de la autonomía conferida a las autoridades campesinas de la respectiva Zona de Reserva Campesina.
En el caso de las Zonas de producción campesina de alimentos se trata de una definición territorial equivalente a 7 millones de hectáreas, que involucra, además de minifundios, pequeñas y medianas propiedades ya existentes, áreas de titulación masiva individual y colectiva de tierras. Con base en la definición previa de áreas específicas de producción de alimentos, se llevará a cabo un procedimiento similar al de la formación del catastro de las ZRC. Será requisito pertenecer a una organización rural o agraria, sin importar su naturaleza.
Considerando su función productora de alimentos y de sostenibilidad socioambiental los territorios campesinos tendrán como incentivo la exención del impuesto predial.

4. Catastro especial de territorios interétnicos e interculturales

Considerando que el proceso de ocupación del territorio ha llevado a la coexistencia de etnias y culturas, no exenta de conflictos sobre la propiedad y el uso de la tierra, y que parte de la solución de tales conflictos se encuentra en la definición de territorios que den cuenta de esa especificidad, la implementación inmediata de un Catastro especial de territorios interétnicos e interculturales se constituye en necesidad imperiosa de la política catastral. El propósito de este catastro consiste en la definición precisa de los territorios interétnicos e interculturales, así como de las relaciones de propiedad dentro de ellos, campesina individual, familiar o colectiva, en cabeza del resguardo indígena, o del consejo comunitario, según el caso. Para viabilizar este propósito se conformará un Comité Especial, cuya integración dependerá de la naturaleza del territorio. Según el caso, además de los representantes de las instituciones del Estado, integrarán este comité representantes de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
La formación del catastro del territorio interétnico e intercultural deberá atender el siguiente procedimiento básico:

a) Formalización de la iniciativa ante las autoridades correspondientes.

b) Construcción de cartografía social con la participación de las comunidades y organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes directamente involucradas, que incluye la definición del área total de la ZRC, como de los diferentes predios, individuales, familiares y colectivos que la conforman.

c) Contrastación de los resultados de la cartografía social con la cartografía georeferenciada.

d) Identificación de conflictos de propiedad y de uso y ajuste técnico.

e) Formulación de propuesta de definición de área total y de distribución predial.

f) Validación de la propuesta en Asamblea territorial con participación de las comunidades y organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes y sus delegados.

g) Formalización de la propiedad y adjudicación de títulos.

h) Registro de la propiedad.

Considerando su función productora de alimentos y de sostenibilidad socioambiental los territorios interétnicos e interculturales tendrán como incentivo la exención del impuesto predial.

5. Catastro especial de latifundios y grandes propiedades sobre la tierra

Teniendo en cuenta la elevada concentración de la propiedad sobre la tierra, la existencia de latifundios improductivos, ociosos e inadecuadamente explotados, de grandes propiedades de uso agroindustrial, en algunos casos de origen ilícito y basados en el desplazamiento forzado y el despojo , y considerando el hecho que tales propiedades poseen avalúos catastrales irrisorios, se conformará un Catastro especial de latifundios y grandes propiedades sobre la tierra con el propósito de aclarar la situación de los derechos de propiedad sobre la tierra y sus usos, de contribuir a la redistribución democrática de la propiedad, y de realizar procesos de reavalúo de predios para desincentivar la concentración y fortalecer los fiscos municipales.
Mientras se producen un reavalúo técnico de los predios, su valor se determinará multiplicando el número de hectáreas objeto del reavalúo por el valor promedio por hectárea del avalúo catastral de un microfundio que, según Acción Social, era en 2009 siete veces superior al promedio del valor por hectárea de una gran propiedad.

6.- Actualización catastral de territorios indígenas y afrodescendientes

El proceso de actualización catastral deberá dar respuestas a las demandas por tierra y territorio de las comunidades indígenas y afrodescendientes, más allá de los reconocimientos y los procesos de titulación ya definidos. Tal actualización deberá contar con la participación directa de los representantes de esas comunidades.

7. Catastro alternativo del desplazamiento y el despojo
Con el propósito urgente y especial de garantizar los derechos a la tierra y el territorio de los campesinos, y las comunidades indígenas y comunidades afro-descendientes, el Gobierno Nacional adelantará gestiones extraordinarias tendientes a realizar un Catastro alternativo del despojo y el desplazamiento que genere información actualizada sobre la tenencia y uso de la tierra en las zonas de despojo y desplazamiento forzado, a fin de restituir y reparar integralmente a las víctimas del conflicto y propiciar el uso adecuado y productivo de la tierra, que sirva para la promoción del desarrollo rural y agrario integral, incrementar la inversión social, estimular la desconcentración de la propiedad rural, y en general, regularizar con transparencia, la propiedad de la tierra. En desarrollo del principio de priorización, este catastro deberá producir resultados tempranos en las zonas seleccionadas.
El Catastro Alternativo comprenderá los siguientes cuatro componentes:

a) Territorial-técnico, orientado al conocimiento espacial y territorial por parte de la comunidad, basado en las herramientas de la cartografía social participativa para la definición de la situación predial antes y después del desplazamiento y el despojo.

b) De identificación de daños materiales e inmateriales, individuales y colectivos. Cálculo monetario de los bienes despojados o abandonados forzosamente en la vereda.

c) De identificación de la relación jurídica existente con la tierra y el territorio, para definir rutas jurídicas de restitución, considerando las formas de relación con la tierra que puedan identificar las comunidades, como propietario, tenedor, poseedor, ocupante, etc.

d) Político-organizativo, que comprende la realización de las denuncias de la vulneración de múltiples derechos relacionados con el despojo y de presentar informes ante las instituciones vinculadas con la política rural y agraria, y con la exigencia de garantía de los derechos a la tierra y al territorio.

e) Sistematización de la información: Toda la información del Catastro alternativo deberá sistematizarse en un sistema único de información, que servirá de instrumento para la implementación de la política de reparación integral.

Dada la situación excepcional generada por el desplazamiento forzado y el despojo se dispondrán recursos extraordinarios de presupuesto, así como todo el acompañamiento técnico, administrativo, organizativo, sicosocial requerido para garantizar la participación activa y efectiva de las poblaciones afectadas, así como para su pronta realización.

8. Compatibilidad del sistema de información catastral y con el sistema de registro

El proceso de actualización catastral en todos los componentes aquí expuestos deberá acompañarse de la modernización y actualización del sistema de registro. Las bases de datos del Sistema de Información Catastral deberán ser compatibles con aquellas del Sistema de Registro.

9. Actualización catastral y tributación equitativa y progresiva

La actualización catastral en los términos aquí establecidos servirá de base para la definición de una tributación predial basada en la equidad y la progresividad, orientada a desestimular la concentración de la propiedad sobre la tierra, contribuir a la redistribución democrática de la tierra y a fortalecer las finanzas territoriales. Se atenderán los siguientes criterios:

a. Tributación directa y progresiva sobre la propiedad predial. El que más tiene, más paga, fundamentada en la equidad y la justicia social. Sobretasas impositivas a tierras ociosas, o inadecuadamente explotadas.

b. Incentivos tributarios (incluidas exenciones) por reasentamientos poblacionales y (re) localización de producciones agrícolas de alimentos.

c. Exención tributaria a pequeños y medianos campesinos.

10. Veeduría internacional y participación de las comunidades rurales

La formación y actualización del catastro rural país se hará con veeduría internacional y amplia participación de las comunidades rurales, instruidas para tal fin. El Gobierno Nacional garantizará apoyo administrativo, técnico y financiero a los municipios y, en general, a todas las instituciones y organizaciones sociales comprometidas con ese propósito. Todo el proceso de formación y actualización catastral estará dirigido por unComité Nacional Catastral, compuesto por representantes de las comunidades rurales,de los gremios del agro, del Estado, de la Universidad Pública y de la comunidad internacional.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP.

viernes, 22 de febrero de 2013

“No nos digamos mentiras, Santos”. Comandante de las FARC responde a Santos en Carta abierta

“De 114 millones de hectáreas que tiene el país, 38 están asignadas a la exploración petrolera, 11 millones a la minería, de las 750 mil hectáreas en explotación forestal se proyecta pasar a 12 millones. La ganadería extensiva ocupa 39.2 millones. El área cultivable es de 21.5 millones de hectáreas, pero solamente 4.7 millones de ellas están dedicadas a la agricultura, guarismo en decadencia porque ya el país importa 10 millones de toneladas de alimentos al año. Más de la mitad del territorio colombiano está en función de los intereses de una economía de enclave”. Iván Márquez (FARC) en Oslo, Noruega, en la inauguración del proceso de paz con el gobierno de Santos.



“No nos digamos mentiras, Santos”. Comandante de las FARC responde a Santos en Carta abierta


ANNCOL / 2013-02-22 / En un comunicado llegado a la redacción de ANNCOL hace pocos minutos, Timoleón Jiménez, jefe del Estado Mayor Central de las FARC-EP, rechaza las declaraciones del presidente Santos sobre apoderamiento de tierra por parte de las FARC en la región de San Vicente de Caguán, la antigua zona del proceso de paz 1999-febrero 2002.

El máximo comandante de la insurgencia habla además por la primera vez que fue el mismo Santos que buscó a la guerrilla para iniciar el proceso de paz cuando asumió la presidencia hace más de dos años; “No puede resultar indiferente para nosotros que el Presidente de la República que desde el comienzo mismo de su gobierno buscó contactarnos para dialogar de paz”.

Las palabras de desvío de Santos en San Vicente de Caguán.


Santos dijo el 19 de febrero en San Vicente del Caguán que la guerrilla se había apoderado “enormes extensiones de predios, tanto del Estado como de campesinos”.

Y responde Timochenko:

“Sus palabras en San Vicente del Caguán nos han dejado perplejos. Ni una sola vez mencionó la que consideró bandera fundamental de su gobierno, en cambio pudiéramos decir que pareció el vivo retrato de su paso por el Ministerio de Defensa en la administración Uribe”.

Las últimas declaraciones, tanto del ministro de defensa como ahora el mismo Santos, han causado preocupación en las FARC ya que las delegaciones de ambas partes en la Habana están entrando en temas concretos sobre la tierra. Hay millones de campesinos sin tierra que resisten la política de Santos que entrega millones de hectáreas a las mineras transnacionales.

En ese sentido hay que ver las declaraciones y acusaciones de Santos en San Vicente de Caguán contra la guerrilla, como desvíos para quitar la atención del verdadero problema de la tierra en la agenda de paz.

A continuación la carta de Timochenko:









Salvemos la paz, Santos
Carta abierta del comandante de las FARC-EP al presidente Santos

En nuestro país las cosas siempre han ocurrido así. Las clases dominantes, ensoberbecidas por una mal disimulada arrogancia, resuelven todos los asuntos según su particular e interesada visión de la realidad.  Despreciando y desconociendo las opiniones contrarias. Sus facciones, enfrentadas a veces por mezquinos propósitos económicos y políticos, como sucede hoy con Uribe, se reconcilian hermanadas cuando se trata de aplastar las mayorías que rechazan sus designios rectores. Aquí su palabra y sus cañones son la ley, lo único que vale y cuenta. Por eso existe una previa elaboración de los diálogos de paz y sus resultados, la que el gobierno concibió de antemano, sin considerar lo que pensemos nosotros ni mucho menos la inmensa mayoría que puja por tomar parte en el proceso, y a la que se amenaza con cárcel si llega a conversar con nosotros.

En San Vicente del Caguán, en el acto de entrega de títulos de tierras a unas cuantas familias campesinas, con el consabido recurso de acreditar planes y programas de la actual administración, lo que en buena parte corresponde en verdad a viejas políticas distintas, el Presidente de la República dio parte de un millón seiscientas mil hectáreas tituladas por su gobierno y más de ciento cincuenta mil víctimas reparadas. De ese modo aparece como el gran benefactor que materializa sus proyectos legislativos de redención social. Ni una sola voz de los millones de desterrados o víctimas fue consultada por el Estado acerca de las leyes con que se pretendía favorecerlos. No se trataba de eso, sino de atender otra clase de conveniencias.

Santos las puso en evidencia al decirles que ahora podrán acudir a los bancos, para que les presten, en adelante se llamarán sujetos de crédito. Su intención es convertirlos en grandes productores de alimentos para el mercado mundial, tal y como lo recomienda la FAO, la entidad mundial que jamás ha podido solucionar las hambrunas en África, Asia o Haití, pero que en cambio ha servido para implementar la globalización del mercado de alimentos en beneficio de grandes corporaciones. La historia de la lechera es antigua, la pobre soñaba con una enorme fortuna hasta que el tropiezo la trajo a la triste realidad. Esos campesinos deberán asociarse con grandes capitales para producir lo requerido, y endeudarse. Serán los seguros perdedores. Su suerte me recuerda a Las uvas de la ira, la famosa novela de John Steinbeck.

Arroceros, cañeros, cafeteros, gremios poderosos que alguna vez lideraron la economía, enfrentan hoy duras realidades y el gobierno se niega a atenderlos. No son su prioridad. Lo más indicado para ellos, al decir de los expertos, es buscar nuevas actividades productivas en las que puedan ser competitivos. Cuestión de las leyes del mercado, se trata de flexibilizar y tener iniciativa. Ese  lenguaje de Santos para los campesinos, de alejar las diferencias, trabajar juntos, rápido, ir de la mano para lograr los objetivos de prosperidad y empleo, rememora la cálida palabrería con la que desde la antigüedad los avarientos han embolatado al pobre infeliz al que se aprestan a privar de sus centavos. El negocio será para los grandes banqueros y consorcios, son sus intereses los que representa el gobierno. No nos digamos mentiras, Santos.

No puede resultar indiferente para nosotros que el Presidente de la República que desde el comienzo mismo de su gobierno buscó contactarnos para dialogar de paz, argumentando que reconocía buena parte de justicia en nuestras reclamaciones, aunque no los métodos que empleábamos para hacerlas, se presente a San Vicente un 20 de febrero, rememorando el fin de los diálogos del Caguán, en una acto calificado por él mismo como doblemente simbólico, para denostar de todos los modos posibles contra las FARC y sus comandantes más queridos, sin hacer la más mínima mención al proceso de paz que se cumple con su gobierno en La Habana. ¿Es que acaso al calificar de experiencia triste y muy lamentable aquel esfuerzo frustrado de reconciliación, sintió vergüenza y horror de referirse a las actuales conversaciones?

Creíamos que Santos era sincero al manifestar que soñaba con pasar a la historia como el Presidente que consiguió la paz para Colombia. Lo mandó a decir de tantas maneras, dio tantas muestras de querer en realidad alcanzarlo, que su comportamiento y sus palabras en San Vicente del Caguán nos han dejado perplejos. Ni una sola vez mencionó la que consideró bandera fundamental de su gobierno, en cambio pudiéramos decir que pareció el vivo retrato de su paso por el Ministerio de Defensa en la administración Uribe, el viejo maestro del Pinzón de hoy. ¿Es esa la forma como se crea un ambiente propicio para el proceso y los diálogos? ¿Así es como el gobierno nacional aporta su cuota a la reconciliación, Santos?

Eso de que las FARC hemos arrebatado no sé cuántas hectáreas a no sé cuántos miles de campesinos, así como toda la cantaleta con relación a que estamos obligados a darle cara a las víctimas del conflicto, como si alguna vez hubiéramos manifestado nuestra negativa a hacerlo, podemos solucionarlo de un modo sencillo y práctico. Conformemos una comisión de alto nivel, integrada por delegados de las FARC-EP y el gobierno nacional, con participación de gremios y diversas organizaciones sociales, con los garantes que sean necesarios, para que en Colombia, en condiciones de seguridad, se encargue de visitar y verificar la situación real de los predios que se dicen arrebatados por nosotros. Y que convoque a todas las posibles víctimas para atender sus casos y precisar responsabilidades.

Pero que se convoquen también las víctimas del Estado, los desterrados por el Ejército y los grupos paramilitares. Y se aclare también lo mismo. Y cada quién responda. Podemos discutir en la Mesa de Conversaciones, con participación del país, la atención que deben merecer los informes finales. Diversas personalidades internacionales, Estados y organizaciones regionales han manifestado su apoyo al proceso de paz en Colombia. Con todos estamos sinceramente agradecidos. Por eso nos parece oportuno que el Presidente Jimmy Carter, el ALBA, UNASUR, la CELAC y los que proponga el gobierno, tomen parte en la comisión mencionada. Si bien es cierto que en la Mesa se han adelantado importantes avances de acuerdos, las actitudes oficiales que con los pretextos mencionados se repiten, amenazan con hundirlo en un pantano. Saquémoslo de ahí, ya, Santos. La tan estrecha y calculada concepción del proceso apunta a ahogarlo. Salvémoslo.
                          

TIMOLEÓN JIMÉNEZ
jefe del estado mayor central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, 21 de febrero de 2013